DICTADURA MILITAR

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La cúpula militar que depuso al doctor Arnulfo Arias Madrid, presidente de la República, se autodenominó Gobierno Revolucionario, y se comprometió a reorientar las estructuras sociales, políticas y económicas del país, por senderos de paz y progreso. No obstante y con independencia del discurso castrense, el país vivió períodos de extensa zozobra y desconcierto, que evidenciaban las propias contradicciones existentes a lo interno de la estructura militar (valga mencionar golpe contra golpe, depuraciones). En ese escenario, surge la figura del general Omar Torrijos Herrera como líder de lo que ellos denominaron el proceso revolucionario.

Una de sus primeras acciones fue nombrar una comisión evaluadora, para considerar los proyectos de tratados de 1967. De esa evaluación, se desprende el rechazo formal de esa propuesta de tratado el 5 de agosto de 1970.

La nota oficial fue enviada al Secretario de Estado Norteamericano William P. Rogers, por el Canciller de Panamá, Juan Antonio Tack.

A partir de ese instante, el Gobierno Militar panameño desarrolla una amplia campaña de divulgación en torno a la justificación de las históricas reclamaciones de Panamá, por la soberanía de todo su territorio y el derecho a su autodeterminación. Y así, el 25 de Octubre de 1970, se reanudan las negociaciones entre ambas naciones, con objetivos políticos, económicos, jurisdiccionales, sociales, en defensa del Estado Nacional Panameño. Este inédito esfuerzo de la diplomacia panameña, logró el respaldo unánime de la OEA, de los gobiernos de Europa, África, Medio Oriente, y fundamentalmente en ese momento, de los países no alineados, o países del tercer mundo.

Este extraordinario esfuerzo le permitió a Panamá que la ONU aprobase en nuestro país, la reunión del Consejo de Seguridad, del 15 al 21 de marzo de 1973; cuyo tema principal fue las relaciones de Panamá con los Estados Unidos por el Canal de Panamá, reunión en la cual Panamá, de manera inédita en toda América Latina, acusa a Estados Unidos de agresor y logra que el Consejo de Seguridad en su 1704ᵃ sesión celebrada el 21 de marzo de 1973, aprobase la resolución No. 330 donde reconoce las reclamaciones de Panamá, y exhorta a los EEUU a establecer relaciones en el marco de los principios que aseguran la paz, la seguridad y el desarrollo; y que se abstenga de fomentar el uso de medidas coercitivas en la región.

La resolución recibió 13 votos a favor, una abstención (Inglaterra) y los EEUU la rechazaron con el veto. Por lo tanto, la resolución no fue aprobada.

Como consecuencia del consejo de Seguridad en Panamá, y del apoyo de toda América Latina, África, Asia y gran parte de Europa, EEUU y Panamá convinieron en retomar las negociaciones para mejorar las relaciones de ambas naciones con referencia al Canal de Panamá.
Este esfuerzo negociador se concretó el 7 de febrero de 1974 en Panamá y contenía 8 puntos. Por primera vez los temas políticos y jurisdiccionales eran la prioridad y los temas económicos estarían en función de los que se acordasen en estos primeros aspectos.
Intensas negociaciones le permitieron a Panamá darse a conocer en el mundo y demostrar que un país pequeño, sustentaba sus reclamaciones con la fuerza de la justicia y la verdad y que podía lograr los consensos necesarios para alcanzar sus objetivos políticos- económicos, en beneficio de todo el estado nacional panameño. Es con ese espíritu que se celebran las reuniones como la de Contadora, el 24 de marzo de 1975, para la incorporación de Panamá a la Organización de Países no Alineados. Igualmente y como parte esos esfuerzos, el 24 de marzo de 1975 y con los auspicios de los gobierno de Colombia, Costa Rica y Venezuela se suscriben los tratados de Montería. Todas y cada una de estas acciones diplomáticas, regionales, continentales, le permitieron a Panamá, una base lo suficientemente sólida, coherente y creíble que hiso posible la firma de los Tratados Torrijos- Carter, el 7 de septiembre de 1977. Este Tratado fue suscrito por el mandatario Norteamericano Jimmy Carter y el Jefe de Gobierno Panameño, General Omar Torrijos Herrera.
A pesar de que para el pueblo panameño y para amplios sectores y un sin número de analistas internacionales, la República de Panamá había logrado un extraordinario triunfo político, económico y Diplomático. En Panamá la ratificación de estos tratados fue sometido a un plebiscito celebrado el 23 de octubre de 1977, con el 66% a favor, 32% fueron contrarios y el 2% fueron nulos.
Sin embargo, los procedimientos constitucionales norteamericanos establecían la responsabilidad de aprobar o no los nuevos tratados y ello suscribió un gran debate en los Estados Unidos y una muy fuerte oposición de los republicanos; los que condicionaron la aprobación de los tratados a la aprobación previa de un conjunto de reservas, entendimientos y enmiendas; las cuales definitivamente desvirtuaban la letra y el espíritu de los tratados que el pueblo panameño con su aprobación creyó que se iban a instrumentar por ambas partes.
El debate político y la oposición al régimen militar se recrudecieron en algunos sectores políticos y económicos de la sociedad panameña; todo ello a pesar de un aparente repliegue de los militares y de la vigencia de una constitución (1972) que incluso en su artículo 277 creo la figura de Jefe de Gobierno.
El 31 de julio de 1981 el general Torrijos muere en un accidente de aviación, ocurrido en el Cerro Marta, provincia de Coclé.
Sin perder el control político de la administración del estado panameño, dejan en manos de civiles la administración del gobierno y la misma se ejerce envuelta en constantes escándalos de corrupción política, económica y financiera, lo que produce el retiro del presidente Arístides Royo, un 30 de julio de 1982, resultado de un golpe militar.

Destituido el Presidente de la transición, Arístides Royo, por los militares, El estado mayor de la Guardia Nacional nombra el 8 de marzo de 1982, al Coronel Rubén Darío Paredes como comandante de la Guardia Nacional, quien fue ascendido a General el 31 de julio de 1982.
La cúpula militar denunciada públicamente por sus violaciones elementales a derechos humanos (encarcelamientos, deportaciones, desapariciones, secuestros), tanto de militares, civiles, opositores, políticos, como de empresarios y religiosos, elabora un plan para perpetuarse en el poder y la represión llega a niveles comparables con las perores dictaduras de la región.
El narcotráfico, el lavado de dinero, el negociado de las visas, entre otros, fueron protegidos o amparados por los militares, encabezados en esta ocasión por el General Manuel Antonio Noriega.
La sociedad civil se organiza en rechazo a este estado de sucesión, en la denominada Cruzada Civilista (9 de junio de 1987), integrada por profesionales, empresarios, políticos, religiosos, estudiantes. Esta organización cívico-politicoreligiosa, intento captar la atención del mundo contra este régimen despótico, que no escatimó recursos de violencia como el escenificado el 10 de julio de 1987, cuando las Fuerzas de Defensa repelieron a la población civil con un saldo de más de 600 personas detenidas y con muchas vejaciones a elementales derechos humanos . Esto se conoce como el viernes negro.
El 5 de febrero de 1988, la justicia norteamericana, acusa al General Noriega de narcotráfico y lavado de dinero.
El 16 de marzo de 1989, Noriega organiza los batallones de la dignidad, el 7 de mayo de ese mismo año, se celebran las elecciones presidenciales con Carlos Duque como candidato oficialista y Guillermo Endara como representante de civilista.
El 3 de octubre de 1989, el General Noriega es detenido por el Mayor Moisés Giroldi, quien no recibe el supuesto apoyo ofrecido por los norteamericanos, lo que facilita que Noriega reaccione, lo someta y fusile a Giroldi y a sus seguidores inmediatos en el cuartel de Albrook, en la madrugada del 4 de octubre de 1989. Este hecho se conoce como la Masacre de Albrook.
Estos sangrientos eventos producen no solo un rechazo total de la comunidad, sino una firme convicción de la necesidad de la salida de Noriega y de sus seguidores del poder.